sexta-feira, fevereiro 14, 2020

El Derecho como herramienta para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos: la experiencia en América Latina




La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, entre los cuales el ODS 12 se refiere a “Producción y Consumo Responsable” y, en particular, su meta 12.3 aspira a reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos en todas las fases de la cadena productiva, de aquí al 20301. Por lo tanto, esta meta integra la triple dimensión que inspira la Agenda 2030, pues su cumplimiento tendría un impacto a nivel económico, social y ambiental.


En efecto, según el último informe de la FAO sobre “El estado de la alimentación y la agricultura 2019” , reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos también tiene un impacto sobre la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional y con la sostenibilidad ambiental, en particular, aliviando la presión sobre los recursos naturales y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero.. Se estima que el sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo total de energía del mundo y un 22% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según las últimas cifras de la FAO, a nivel mundial se pierden alrededor del 14% de los alimentos producidos, desde la etapa posterior a la cosecha, hasta la etapa minorista (sin incluirla). Las cifras son generalmente mayores en relación con frutas y verduras que respecto de cereales y legumbres . Sin embargo, son las raíces, tubérculos y cultivos oleaginosos el grupo de alimentos que registra mayores pérdidas, por encima del 25%. En cuanto a los desechos por parte de los minoristas y los consumidores, se están preparando las estimaciones precisas porque se reconoce la necesidad de contar con información más cuidadosa y precisa sobre la materia para proponer estrategias de reducción específicas y efectivas.

Por estas razones, y como se recoge en otro artículo de esta revista (“Reducing Food Loss and Waste with Legislation”, by Teemu Viinikainen), la FAO ha venido impulsando en los últimos años una fuerte línea de trabajo para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, mediante la promoción de sistemas alimentarios sostenibles y el cambio de hábitos alimentarios. Entre los distintos mecanismos y herramientas utilizadas para lograr este objetivo, el Derecho ha mostrado ser una herramienta eficaz para avanzar en la consecución de la meta 12.3 de la Agenda 2030.
En efecto, la FAO, en conjunto con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, trabaja para apoyar a los países en la adopción, reglamentación e implementación de normativa para reducir y prevenir las pérdidas y desperdicios de alimentos, en coordinación con las instituciones nacionales responsables de esta materia.

En la actualidad, siete países de la región cuentan con leyes específicas en pérdidas y desperdicios de alimentos: Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Panamá y Perú. Además, existen alrededor de 54 proyectos de ley en curso que se refieren a diferentes aspectos de la cadena productiva, de distribución y de consumo donde se producen las pérdidas y desperdicios.
Dentro de las leyes aprobadas en 2019, destacan la Ley de la Política contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos (No. 1990) de Colombia y la Ley No. 30988 que promueve la reducción y prevención de las pérdidas y desperdicios de alimentos en Perú. En general, estas leyes determinan qué entidad, ya sea ministerio o mesa interinstitucional, será responsable de implementar ciertas acciones estratégicas para la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos. De esta manera, se sientan las bases institucionales para comenzar a articular un sistema intersectorial a nivel nacional encargado de impulsar acciones en esta materia que necesita de la acción coordinada de distintos actores, tanto públicos como privados, para implementar estrategias que aborden de forma comprehensiva el problema de las pérdidas y desperdicios de alimentos.

Además de las medidas relativas a la institucionalidad, las leyes aprobadas en la región recogen disposiciones que se pueden clasificar en tres grandes categorías. En primer lugar, están las medidas dirigidas a los comerciantes, que, normalmente, incluyen disposiciones relativas a la donación, tanto obligatoria como voluntaria de alimentos, así como a las exenciones fiscales asociadas a la donación y las normas sobre etiquetado, entre otras. En segundo lugar, se identifican medidas dirigidas a reforzar aspectos técnicos de los procesos de producción y distribución, como son las que se refieren a la infraestructura de almacenamiento y transporte de alimentos o a la innovación tecnológica. Por último, también son frecuentes las normas destinadas a desarrollar la noción de “proximidad” en los alimentos, como las que se refieren, por ejemplo, a la instauración de bancos de alimentos.

Por otra parte, cabe señalar que Argentina cuenta, desde 2018, con una ley que crea un “Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos” (Ley Nº 27.454), y que recientemente instituyó el día 29 de septiembre de cada año como el día preferencial para promocionar la Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos2 en el país. En esa línea, el Gobierno de Argentina propuso a la Conferencia de la FAO el establecimiento del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, cada 29 de septiembre. Esta propuesta fue aprobada durante el 41º Período de Sesiones (Roma, 22- 29 junio 2019) y se espera que pueda ser considerada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su próximo período de sesiones.


En conclusión, se evidencia una clara tendencia en la región de legislar y usar el derecho como una herramienta efectiva para prevenir y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. No obstante, es importante notar que se observa una mayor inclinación en la región por enfocarse en la fase final de la cadena y regular la donación de alimentos. Por su parte, las iniciativas normativas que se refieren a transformaciones en los sistemas alimentarios para que sean más sostenibles y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales mediante la prevención y reducción de las pérdidas de alimentos, todavía son escasas y habrán de ser priorizadas en el futuro para dar una solución integral a este problema y avanzar en la consecución de la meta 12.3 de la Agenda 2030.


1. El tenor literal de la meta es el siguiente: “12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha”.

2. Resolución 44/19 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina publicada en el Boletín Oficial el 19 de septiembre de 2019.


http://derechoconsumo.blogspot.com/2009/05/asociacion-iberoamericana-para-el.html